Tribunal Superior de Justicia

TSJ de Cataluña, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) Sentencia num. 1016/2023 de 21 marzo
JUR\2023\173703

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA: IMPROCEDENCIA: asistencia a curso de ascenso a Inspector: suspensión de la actividad presencial ordenada a raíz de la pandemia del COVID19: ni existió asistencia presencial al curso en los períodos reclamados, ni existió orden u obligación de permanecer, sino que existió permiso para ausentarse.SENTIDO DEL FALLO: Desestimación recurso contencioso-administrativo

ECLI:ECLI:ES:TSJCAT:2023:2198 
Jurisdicción:Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo 1064/2021 
Ponente:Ilmo. Sr. D. Hugo Manuel Ortega Martín 
La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara no haber lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución, de fecha 08-02-2021, de la Dirección General de Policía.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Recurso SALA TSJ 1064/2021 - Recurso ordinario nº 323/2021
Parte actora: Ismael
Parte demandada: MINISTERIO DEL INTERIOR, D.G.P.
En aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (RCL 2018, 1629) , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a fin de adaptar el ordenamiento jurídico español al reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (LCEur 2016, 605) , se hace saber a las partes que los datos de carácter personal contenidos en el procedimiento tienen la condición de confidenciales, y está prohibida la transmisión o comunicación a terceros por cualquier procedimiento, debiendo ser tratadas única y exclusivamente a los efectos propios del mismo procedimiento en que constan.
SENTENCIA nº. 1016 /2023
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
MAGISTRADOS
Dª. NURIA BASSOLS MUNTADA
D. JUAN ANTONIO TOSCANO ORTEGA
D. HUGO MANUEL ORTEGA MARTÍN
D. ANDRÉS MAESTRE SALCEDO
En Barcelona, a veintiuno de marzo de dos mil veintitres.
Vistos por esta Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número 323/2021, interpuesto por Ismael en su propio nombre, contra la resolución de 8 de febrero de 2021 de la Dirección General de la Policía por la que se desestima el abono de la indemnización por residencia solicitada por la parte recurrente.
Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la Administración General del Estado, representada y defendida por la Abogacía General del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-
Por la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado en esta Sala, acordándose mediante decreto su admisión a trámite como procedimiento ordinario y la reclamación del expediente administrativo.
SEGUNDO.-
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda, mediante escrito presentado en esta sección el 1 de septiembre de 2021, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria, en los términos que se transcribirán en el primer fundamento de derecho.
TERCERO.-
La Abogacía del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2021, en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo.
CUARTO.-
La cuantía del recurso ha sido fijada como indeterminada mediante decreto de fecha 27 de octubre de 2021.
Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó dicho trámite mediante auto de 15 de diciembre de 2021, y se ha practicado la prueba admitida de la propuesta por las partes, con el resultado que consta en los autos.
Concluso el término probatorio, se dio traslado a las partes, por su orden, para que formularan conclusiones, trámite que evacuaron mediante la presentación de sendos escritos en los que concretaron y reiteraron sus respectivos pedimentos.
QUINTO.-
Tras lo anterior, el día 9 de mayo de 2022 se declararon conclusas las actuaciones y pendientes de señalamiento; el día 10 de febrero de 2022 se había designado ponente (al magistrado Hugo M. Ortega Martín, quien expresa el parecer de la Sala); el día 19 de enero de 2023 se señaló para votación y fallo de este recurso el día 23 de febrero del mismo año.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-
Resolución impugnada, pretensiones y argumentos de las partes.
I/ Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 8 de febrero de 2021 de la Dirección General de la Policía por la que se desestima el abono de la indemnización por residencia solicitada por la parte recurrente.
La resolución recurrida denegaba al recurrente, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que asistía al curso de ascenso a Inspector, la indemnización por residencia en Ávila entre los días 4 de abril y 27 de junio de 2020 (ambos inclusive), con base en la suspensión de la actividad presencial ordenada a raíz de la pandemia del SARS-COV2 (COVID19).
La resolución recurrida, con cita de un informe de la Intervención Territorial de Ávila, Delegación de Hacienda -el informe considera que para el devengo de la indemnización es requisito imprescindible la impartición presencial de los cursos-, narraba que tras la suspensión de la actividad presencial (Resolución de la DGP de 12 de marzo de 2020 y Nota interior de la Escuela), se abonaron no obstante las indemnizaciones por residencia eventual entre el 14 de marzo y el 3 de abril, fecha prevista para la finalización de la comisión de servicio autorizada (por finalización también de las clases en el inicio del período no lectivo de Semana Santa). No volvieron a reanudarse las actividades de forma presencial hasta el 29 de junio, autorizándose la correspondiente comisión hasta el final de las mismas, el 3 de julio; en el período del 14 de marzo a 27 de junio es en el que se fija la reclamación del actor, solicitando abono del 4 de abril al 27 de junio y devolución del período de 14 de marzo al 3 de abril.
II/ Pretende la recurrente que la Sala
"...dicte sentencia en la que, estimando la pretensión que se deduce, se contengan los siguientes pronunciamientos y declaraciones:
a) Anular la resolución impugnada por ser contraria al ordenamiento jurídico.
b) Se reconozca el derecho del recurrente a percibir el abono de la indemnización de residencia eventual del importe de las dietas correspondientes al período comprendido entre las fechas 4 de abril al 27 de junio de 2020 (ambos inclusive).
c) La devolución del importe del punto SEXTO correspondiente a la residencia eventual por el período comprendido entre el 14 de marzo de 2021 al 3 de abril de 2021, por un total de 1736,70 euros que se corresponden con 21 días percibidos a 82,70 euros el día, que le fue reclamado mediante informe de la intervención de expedientes de 19/05 Anticipos de Caja Fija, Nº expediente NUM000 de la Delegación Economía y Hacienda de Ávila.
d) Al percibo de los intereses legales devengados desde la fecha de dicha petición realizada en vía administrativa (24/07/2020), sobre la cantidad líquida de las citadas retribuciones, hasta su efectivo pago."
Las alegaciones de la parte demandante en defensa de su pretensión, en síntesis, versan sobre el hecho de que la normativa aplicable al curso (antes el RD 236/1988, de 4 de marzo (RCL 1988, 612, 750, 952) ; ahora el RD 462/2002, de 24 de mayo (RCL 2002, 1393) , en su artículo 7 ) prevé la concesión de indemnización por residencia eventual desde el inicio del curso correspondiente hasta su finalización; señalaba también en apoyo de su reclamación la resolución por la que se hizo pública la lista de aprobados en el proceso selectivo (resolución de 11 de abril de 2018, Orden General núm. 2297, de 23 de abril, punto cuarto) y se convoca a los interesados a la realización del primer curso de formación profesional.
Enumeraba y hacía hincapié en la pluralidad de comunicaciones en las que se modificaba la fecha prevista para la reanudación de las clases presenciales, obligando a los gastos soportados por el actor, y llamaba la atención acerca de la imposibilidad, al no autorizarlo el director de la Escuela (página 3 de la demanda), de cambiar de residencia durante el período concernido, teniendo en cuenta las limitaciones a la libertad de circulación impuestas por el estado de alarma consecuencia del virus del COVID ( Real Decreto 463/2020 (RCL 2020, 376) ); manifiesta que el día 29 de mayo ( sic ) solicitó autorización para cambio de residencia, siendo autorizada para el día 26 de mayo (documento 6, folio 35 de la causa).
Además, el recurrente se vio obligado a reintegrar 1.736'70 euros por los días comprendidos entre el 14 de marzo y el 3 de abril, que le habían sido abonados y fueron objeto de requerimiento por parte de la Intervención correspondiente; cantidad que reclama en la demanda.
III/ La Administración demandada opone a la pretensión de la parte actora, además de las mismas razones de la resolución recurrida, la existencia de desviación procesal en la pretensión relativa a la devolución de los 1.736'70 euros, que no fueron objeto de reclamación administrativa; en todo caso, considera improcedente su abono desde el punto de vista del fondo, ya que se trataba de un anticipo a cuenta sin perjuicio de la liquidación final.
Añade que el contenido de los artículos 3 , 7 y 9 del RD 462/2002 conduce a considerar necesaria la asistencia presencial a la actividad para el devengo de las indemnizaciones; también observa que la demanda no solicita tanto las dietas como el abono de los gastos de la renta por el alquiler que contrató, pretensión que, en su caso, debería encauzar a través de una reclamación por responsabilidad patrimonial.
Finalmente, resalta el hecho de que no es cierto el imposible cambio de residencia como consecuencia de una orden o falta de autorización del director de la Escuela, atendiendo a la nota interior de 12 de marzo de 2020, en la que se permitía a los alumnos la salida de modo expreso, y niega la necesidad de modificación del régimen económico del curso, que parte de la asistencia, por lo que ante la falta de ésta, decae la indemnización sin necesidad de modificación normativa.
SEGUNDO.-
Causas de inadmisión . Desviación procesal.
Como se ha apuntado, la demandada objeta la existencia de desviación procesal respecto de la pretensión relativa al abono de los 1.736'70 euros que le fueron reclamados al recurrente tras el ingreso previo de los mismos. Concretamente, se trata de la pretensión siguiente del suplico:
"c) La devolución del importe del punto SEXTO correspondiente a la residencia eventual por el período comprendido entre el 14 de marzo de 2021 al 3 de abril de 2021, por un total de 1736,70 euros que se corresponden con 21 días percibidos a 82,70 euros el día, que le fue reclamado mediante informe de la intervención de expedientes de 19/05 Anticipos de Caja Fija, Nº expediente NUM000 de la Delegación Economía y Hacienda de Ávila."
Sin embargo, si se toma su reclamación administrativa, en el último punto (undécimo) y el suplico, se lee lo siguiente:
UNDÉCIMO.- De todo ello se desprende que el abajo firmante NO HA PERCIBIDO las dietas correspondientes (80% de la dieta completa en concepto de residencia eventual) al período comprendido entre el 4 de abril de 2020 y el 28 de junio de 2020, las cuales en virtud de lo expuesto en el presente escrito le corresponde cobrar.
Por ello, SOLICITA;
Que le sean abonadas las dietas no percibidas, puesto que por parte del Director General de la Policía no existe ninguna instrucción que modifique el abono de las indemnizaciones que no han sido percibidas."
Como manifiesta la Abogacía del Estado, es palmaria la introducción de la pretensión referida, por vez primera, en vía judicial, al no hallarse en la reclamación administrativa.
Consecuentemente, dicha pretensión debe ser inadmitida en base a lo dispuesto en el artículo 69.c) de la Ley 29/1998 (RCL 1998, 1741) , por desviación procesal, al no existir acto administrativo que se hubiera pronunciado sobre ella y por ello susceptible de impugnación en cuanto a dicha pretensión se refiere.
TERCERO
Sentencia nº 3865/2022 del recurso 281/2021 de esta sección .
En la sentencia que resuelve el recurso 281/2021, de esta sección, se abordó un supuesto prácticamente idéntico. Dicha sentencia, a partir de su fundamento tercero, estudiaba el régimen normativo, el análisis normativo y probatorio, y la solución del caso, en los siguientes términos:
"Es aplicable al caso de autos el Real Decreto 462/2002 (RCL 2002, 1393) , el cual establece, en sus artículos 5 a 7 , lo siguiente:
"Artículo 5. Duración de las comisiones de servicio.
1. Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de tres en el extranjero.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si antes de vencer el plazo marcado para el desempeño de una comisión resultase insuficiente para el total cumplimiento del servicio, el Jefe correspondiente podrá proponer razonadamente a la autoridad competente la concesión de prórroga por el tiempo estrictamente indispensable.
Artículo 6. Comisiones con la consideración de residencia eventual.
1. Las comisiones cuya duración se prevea, excepcionalmente, superior a la de los límites establecidos en el artículo anterior, así como las prórrogas que den lugar a un exceso sobre dichos límites, tendrán la consideración de residencia eventual desde el comienzo de la comisión inicial o de su prórroga, respectivamente.
2. La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, salvo que se prorrogue por el tiempo estrictamente indispensable por la autoridad que haya designado la comisión según lo previsto en el artículo 4.1 anterior. La duración de la prórroga no podrá en ningún caso exceder de un año.
3. En el caso de que inicialmente se prevea que los cometidos especiales a realizar van a exigir un tiempo superior al de un año, se procederá a tramitar la creación del correspondiente puesto de trabajo en el Departamento, Organismo o Entidad de que se trate, de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 7. Comisiones derivadas de la asistencia a cursos convocados por la Administración.
1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones públicas, así como a la de los módulos o cursos de capacitación o formación para el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, podrá ser indemnizada, según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación.
Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no devengarán indemnización pero, si por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a percibir el 50 por 100 de los gastos de manutención y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en el presente Real Decreto.
2. No obstante, tendrá siempre la consideración de indemnización por residencia eventual, con los límites y las condiciones fijadas en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del presente Real Decreto, la asistencia a las pruebas selectivas previas al curso de promoción para el ascenso por antigüedad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas por promoción interna.
3. En cualquier caso, los días anteriores y posteriores al periodo de desarrollo de los cursos estrictamente indispensables para efectuar la ida y el regreso hasta y desde el centro de estudios, se indemnizarán, si procediera, de acuerdo con lo dispuesto con carácter general para las comisiones de servicio."
Y según el artículo 9,
"1. "Dieta" es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial en los casos previstos en el artículo 5 del presente Real Decreto. Si la comisión de servicio se desempeña por personal de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, formando unidad, dicho devengo recibirá el nombre de "plus".
2. "Indemnización de residencia eventual" es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial en los casos previstos en los artículos 6 y 7 de este Real Decreto.
3. "Gastos de Viaje" es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón de servicio."
CUARTO.- Análisis normativo. Análisis probatorio. Solución del caso.
I/ El caso aquí estudiado no ha sido analizado antes por esta sección. En otras sentencias de esta sección (por ejemplo, la sentencia 2010/2020, de 10 de junio (PROV 2022, 256391) , o las dictadas en el recurso 777/2017 , en el recurso 147/2001, en el recurso 398/2014) se han abordado controversias relativas a la indemnización por residencia eventual derivadas tanto del artículo 7 del RD 236/1988, de 4 de marzo (RCL 1988, 612, 750, 952) , como del artículo 7 del R.D 462/2002, de 24 de mayo (RCL 2002, 1393) , pero no se asemejaban al caso presente; en la sentencia relativa al recurso 401/2020 , por otro lado, se examinó un supuesto diferente, que versaba sobre la indemnización por los lugares concretos previstos en el Real Decreto 361/1971 (RCL 1971, 461) .
Del régimen legal expuesto, concluimos que asiste razón a la Administración al vincular la indemnización por residencia eventual con la asistencia al curso, con el aspecto presencial del mismo.
Esto se desprende, especialmente, del artículo 7.1 párrafo primero ("La asistencia a los cursos...") y párrafo segundo ("Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no devengarán indemnización pero, si por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a percibir el 50 por 100 de los gastos de manutención y la indemnización que por gastos de viaje..."), así como del apartado segundo ("...la asistencia a las pruebas selectivas... y a los cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas por promoción interna...") y tercero del mismo artículo 7 ("...los días anteriores y posteriores al periodo de desarrollo de los cursos estrictamente indispensables para efectuar la ida y el regreso hasta y desde el centro de estudios, se indemnizarán, si procediera...")
El artículo conecta con claridad en varios apartados el devengo con la asistencia, que no puede disolverse hasta ser equiparada con una asistencia virtual o telemática, porque siempre se halla presente, en la regulación expuesta, la idea de desplazamiento.
Finalmente, el argumento del actor referido a la previsión de indemnización desde el inicio hasta el final del curso se corresponde con el artículo 7.2 del Real Decreto 236/1988 (RCL 1988, 612) , inaplicable al caso por hallarse derogado desde la promulgación del RD 462/2002.
II/ Sentado ésto, el planteamiento del recurrente obedece más a una reclamación patrimonial que a una solicitud de indemnización por residencia eventual. No se discuten sus gastos de alquiler, suministros y manutención, pero no es cierto que se le obligara a permanecer en Ávila una vez suspendida la actividad docente presencial. La comunicación del director de la Escuela, de 12 de marzo de 2020, dispuso que "los alumnos podrán abandonar el centro a partir de las 8.00 horas del viernes día 13...", y avisaba de que la actividad docente se reanudaría el 14 de abril de 2020, "salvo instrucción en contrario."
No consta, así, que fuera obligado a mantener la residencia en Ávila durante la suspensión de la actividad docente presencial ("obligado a permanecer en su domicilio fijado en la localidad de Ávila", dice). Su comunicación avisando de su disponibilidad en absoluto prueba dicha obligación; más bien al contrario.
Por otro lado, es verdad que constan comunicaciones múltiples de postergación de la reanudación de la actividad docente presencial, pero todas se emiten con una antelación bastante. No es este aspecto, en cualquier caso, lo relevante. Lo relevante es que el recurrente fue advertido de su posibilidad de abandonar el centro, así como de la reanudación -incierta- más de un mes después, de las clases. Y dichas clases presenciales fueron retrasándose por circunstancias evidentes hasta el 29 de junio.
En el ínterin, pues (no consta asistencia alguna hasta el 29 de junio, contrariamente a la alegación sobre asistencia a actividades como "exámenes, cursos o prácticas específicas"), el devengo de la indemnización no es procedente. En especial cuando el recurrente manifiesta, en la página 6 in fine de la demanda, que eligió libremente la residencia externa, pudiendo acogerse, según parece, a la prevista para él en la propia Escuela de Ávila. En ese sentido, véase la resolución de 11 de abril de 2018, Orden General núm. 2297, de 23 de abril (punto cuarto), que es alegada por el actor, y sin embargo prevé que "en su caso, los funcionarios destinados en Ávila no percibirán indemnización alguna", lo que tiene todo su sentido si existe la posibilidad de acogerse a la residencia de la propia Escuela.
III/ Sin perjuicio de la eventual reclamación de responsabilidad patrimonial que pudiera entablarse por el quebranto económico producido al actor en tal situación de incertidumbre, ante las sucesivas comunicaciones de reanudación y la difícil decisión de abandonar la residencia fijada o continuar en ella, nos hallamos aquí ante una acción que solicita el pago de cantidades en concepto de indemnización por residencia eventual.
En consecuencia, examinada la acción aquí ejercitada, si se parte del devengo de indemnización en situaciones de asistencia al curso y actividad docente presencial, por un lado, o de obligación u orden de permanecer destinado en lugar específico, por otro, las circunstancias de autos, que en lo esencial no resultan discutidas, implican que no pueda prosperar la demanda, porque ni existió asistencia presencial al curso en los períodos reclamados, ni existió orden u obligación de permanecer -al contrario: existió permiso para ausentarse- en Ávila durante el período objeto de reclamación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo.
CUARTO.-
Aplicación al caso presente.
Vistas las características de la acción entablada, procede la aplicación de la solución expuesta; la similitud es completa, y únicamente escapa a la misma la cuestión relativa a la supuesta comunicación del director de la Escuela Nacional de Policía de 29 de mayo de 2020, autorizando el traslado para el día 26 de mayo, según el actor: examinado el documento 6, sin embargo (folio 35 de la causa), resulta que dicho documento no consta fechado el 29 de mayo, lógicamente, sino el 25 de mayo de 2020. En cualquier caso, repítase lo comentado acerca de la nota interior de la Escuela, de 12 de marzo de 2020, que ya permitía la salida de los alumnos desde las 8 horas del viernes día 13 de marzo (documento 5 de la propia demanda; folio 24 de la causa).
Por lo demás, simplemente procede, como en la sentencia transcrita, y teniendo en cuenta los parámetros coincidentes entre uno y otro caso, desestimar la demanda.
QUINTO.-
Costas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741) , procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones (la parte actora), limitadas a la cuantía de 200 euros.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
INADMITIMOS la pretensión de la letra c) del suplico, de conformidad con lo expuesto en el fundamento segundo de esta sentencia;
DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por Ismael en su propio nombre, contra la resolución de 8 de febrero de 2021 de la Dirección General de la Policía, arriba referida y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución.
Se imponen las costas del presente proceso al actor, limitadas a la cuantía de 200 euros.
Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª. Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1741) , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.
El ingreso de las cantidades se efectuará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales en esta Sección concertada con el BANCO SANTANDER (Entidad 0049) en la Cuenta de Expediente núm. 0939-0000-85-0323-21 , o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta de consignaciones del BANCO DE SANTANDER en cuyo caso será en la Cuenta núm. ES5500493569920005001274, indicando en el beneficiario el T.S.J. SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO Sección 4ª NIF: S-2813600J, y en el apartado de observaciones se indiquen los siguientes dígitos 0939-0000-85-0323-21 , en ambos casos con expresa indicación del nùmero de procedimiento y año del mismo.
Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016 (PROV 2016, 132856) , de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.
Firme la presente líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevarla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/.
PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, de lo que yo la Letrada de la Administración de Justicia, Doy fe.